La "alarma social" de nuestro Ministro de Justicia Ruiz-Gallardón

Así se crea la "alarma social"

El concepto de “alarma social” puede ser definido como la inquietud, el susto o el sobresalto del conjunto de individuos de una determinada comunidad que se deriva de un mal que repentinamente aparece. Lo que no podemos saber es si dicha alarma se produce por el hecho en si mismo o si, por el contrario, se produce debido a la relevancia que le dan los medios de comunicación a dicho hecho, es decir, ¿qué va antes, el huevo o la gallina?, ¿el hecho crea la alarma que los medios difunden o los medios crean la alarma después de que haya ocurrido el hecho?. Sea como sea, la "alarma social" es un elemento que no puede ser controlado por el sujeto al que se le acusa de causarla.

En una sociedad tan diversa y multicultural como la actual, lo que alarma a unos puede resultar indiferente para otros. Una misma acción puede resultar heroica o incluso necesaria para un grupo y ser recibida con adversión porotro. Es decir, la "alarma social" dependerá de la postura, de las creencias o de la ideología del alarmado.

A pesar de tratarse de un concepto sociológico, dicho concepto ha sido utilizado desde hace algún tiempo como un concepto penal, a pesar de que en ninguna ley encontramos una definición que nos explique que se entiende por “alarma social”, es decir, es un concepto sin determinar sobre el que los jueces no se ponen de acuerdo, siendo aplicado por unos y rechazado por otros.

El origen del concepto penal de “alarma social” proviene del concepto alemán de “irritación social” (soziale irritationen), un concepto usado por el régimen nazi para poder encarcelar a los judíos alegando que su presencia generaba irritación y alarma entre la población alemana. El mecanismo que utilizaban era muy sencillo, primero creaban la “irritación social” utilizando para ello los medios masivos de comunicación y propaganda del régimen y a continuación reformaban su Código Penal “en caliente” como presunta respuesta a la irritación social que ellos habían provocado. Con todo esto se conseguía distraer la atención de la ciudadanía de los verdaderos problemas que existían en la Alemania de aquella época, como la crisis, la iflación y el progresivo empobrecimiento de la población.

El ministro de Justicia Ruiz-Gallardón ha justificado la reforma del Código Penal que actualmente se está tramitando debido a lo que el considera “supuestos muy graves de alarma social”, ¿cuales son estos supuestos?, pues aquellos que los medios de comunicación de masas, en connivencia con el Gobierno, consideran alarmantes. Los medios de comunicación se encargan de crear “alarma social” y posteriormente el Gobierno crea o modifica las leyes como respuesta a dicha alarma.

El concepto de “alarma social” en su sentido jurídico-penal no tiene porque coincidir, y de hecho casi nunca coincide, con su sentido sociológico. Por ejemplo, los tres hechos que en la actualidad mas preocupan o “alarman” a la mayoría de los españoles desde un punto de vista sociológico son: el paro, la clase política y la corrupción, sin embargo ninguna de estas preocupaciones son tenidas en cuenta a la hora de realizar la reforma del Código Penal. Entre las mas de 200 modificaciones que pretende realizar el señor Ruíz-Gallardón nos encontramos con ciertos delitos que no se han querido modificar y que, desde mi punto de vista, son la base de la verdadera “alarma social” o preocupación de los españoles desde un punto de vista sociológico.

Los delitos que el Ministro de Justicia no va a modificar para poder seguir manteniendo el actual “status quo” son, entre otros:

• Delitos de falsificación de documentos públicos, privados y certificados.
• Delito de blanqueo de capitales.
• Delitos de prevaricación de autoridades y funcionarios públicos.
• Delitos por abandono del destino o por la omisión del deber de perseguir delitos por parte de las autoridades y de los funcionarios públicos.
• Delitos de desobediencia y denegación de auxilio cometido por autoridades y funcionarios públicos.
• Delitos de infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos realizados por autoridades y funcionarios públicos.
• Delitos de cohecho de autoridades y funcionarios públicos.
• Delitos de tráfico de influencias.
• Delitos de malversación de caudales públicos (este delito si que se modifica, pero para bajar su pena tipo de los 3 a 6 años a una pena de 2 a 4 años).
• Delito de fraudes y exacciones ilegales cometidos por autoridades o funcionarios públicos.
• Delito por negocios y actividades prohibidas a funcionarios públicos y autoridades, así como por abusos en el ejercicio de sus funciones.
• Delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales
• Delitos de prevaricación de Jueces y Magistrados.
• Delitos cometidos por funcionarios públicos contra las garantías constitucionales.
• Delitos contra los trabajadores (solo se modifica el artículo que hace referencia a trabajadores extranjeros)
• Delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo.

Con todo ello estamos llegando a un punto en el que se esta realizando un uso abusivo e inmoderado del derecho penal a la hora de perseguir ciertos delitos, (a pesar de contar ya con uno de los Códigos Penales mas duros de Europa), sin tratar de buscar soluciones “de fondo” para realmente tratar de mejorar nuestra situación actual, creando con ello un estado hipócrita, vengativo, autoritario y patibulario a la par que tiránico que pretende desviar la atención de los ciudadanos de los verdaderos problemas en los que se encuentra el país. ¿Les suena de algo?.

Documentos de interés:

Anteproyecto de reforma del Código Penal