Ayer comenzaba el juicio contra Enric
Durán, el activista catalán que en el año 2008 realizó lo que el
denomina una “expropiación” de 492.000 € a la banca mediante
la obtención de 68 operaciones de crédito con 39 entidades
bancarias distintas. Todo el dinero “expropiado” ha ido a parar a
diferentes proyectos sociales que no podrían haberse realizado sin
esa ayuda económica.
Se trata de una acción de
desobediencia civil contra las entidades bancarias. Su objetivo es el
de convertir su juicio en un juicio popular a la banca y todo lo que
esta representa, denunciando las actuales políticas de “socialismo”
para los ricos y “capitalismo” para los pobres que salvan las
inversiones de los más ricos con dinero público mientras cientos de
personas están perdiendo sus casas y sus puestos de trabajo.
Enric fue detenido el día 17 de marzo
de 2009 en la central de la Universidad de Barcelona (que en aquel
momento se encontraba ocupada por los estudiantes del movimiento
anti-bolonia) mientras presentaba el nuevo periódico
“Podemos! vivir sin capitalismo”. La fiscalía, representando a
19 de las 39 entidades financieras afectadas, solicitó su prisión
preventiva sin fianza teniendo en cuenta que “los hechos
son graves” y que “existe
riesgo de fuga”; sin embargo,
Enric argumenta que: “Los bancos se atreven a calificar
mi acción como grave cuando en su creación de dinero sin base real
y su alocada especulación financiera ha supuesto que hayan
necesitado préstamos con dinero público por una cantidad 100.000
veces mas grande que la que se me reclama; que el paro haya llegado
al 17 % de la población activa y que continúe subiendo, que
millones de personas estén perdiendo propiedades y cerrando negocios
al no poder afrontar sus deudas, quedando condenados a la morosidad
de por vida. Grave es pues, la situación a la que nos ha llevado la
banca como punta de lanza de un sistema caduco, que navega camino del
barranco. Mi acción solo ha sido una manera de ponerlos sobre la
mesa, una acción recordemos, que los mismos bancos que ahora me
acusan le restaban importancia o desmentían en septiembre cuando lo
hice público y creían que era posible silenciarnos”. Tras
pasar 65 días encarcelado sin ser juzgado, un auto de la Audiencia
Provincial de Barcelona considera excesiva la medida de prisión
provisional sin fianza e impone a Enric una fianza de 50.000 euros.
Ahora Enric se enfrenta a una pena de 6
años de prisión por un presunto delito continuado de falsedad en
documento mercantil y a 2 años de prisión por un presunto delito de
insolvencia punible. Delitos que más parecen realizados por un
ejecutivo o consejero de una entidad financiera o por un político
que por un activista social. De hecho cabe recordar los también
presuntos delitos de falsedad documental en relación a sus cuentas,
cometidos por entidades financieras como la Caja de Ahorros del
Mediterráneo, Bankia, Caja de Castilla la Mancha, Nova Galicia
Banco, Caixa del Penedés, Caja de España, Banco de Valencia; o por
Comunidades Autónomas como las de Madrid, Valencia o Castilla León
a la hora de calcular su deudas o sus déficit. Lo único que ha
hecho Enric es enfrentarse a estas entidades usando sus mismas armas.
¿En que se diferencia la acción
realizada por Enric de estas acciones realizadas tan a menudo por los
grupos financieros y políticos?. En este sentido podemos considerar
que la acción de Enric se encuentra exenta de responsabilidad penal,
puesto que el artículo 20 de nuestro Código Penal establece que
quedarán exentos de responsabilidad penal aquellos que “en
estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno, lesione un
bien jurídico de otra persona o infrinja un deber, siempre que
concurran los siguientes requisitos: Primero, que el mal causado no
sea mayor que el que se trata de evitar. Segundo, que la situación
de necesidad no haya sido provocada intencionalmente por el sujeto.
También quedará exento de responsabilidad penal “el que actúe
en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un
derecho, oficio o cargo”. En este supuesto no cabe duda de que
la acción ejercida es debida a un estado de necesidad ajeno, la
crisis de la sociedad actual y el futuro de las generaciones
venideras. El mal causado (un perjuicio de 492.000 euros a diversas
entidades financieras) no es mayor que el que se pretende evitar (que
los bancos, rescatados con miles de millones de euros de dinero
público, sigan llevando a cabo ejecuciones hipotecarias condenando a
miles de personas a la pobreza mas absoluta e incluso al suicidio). Y
finalmente la situación de necesidad no ha sido provocada por Enric,
sino que su origen se encuentra en el actual funcionamiento de las
entidades bancarias respaldado por la clase política. Con todo ello
podemos considerar que Enric esta actuando por el cumplimiento de un
deber, el deber de hacer lo que esté a su alcance como activista
social y como persona para sensibilizar sobre los aspectos mas
críticos de nuestro presente.
No podemos consentir que nos digan que
la deuda pública de España ascienda a 1,8 billones de euros cuando
de esta cantidad un billón corresponde a deuda privada de bancos y
grandes corporaciones que con la complicidad del Estado nos la han
colocado como deuda pública de todos los ciudadanos.
No podemos consentir que se endeude a
la ciudadanía con 100.000 millones de euros para destinarlos a los
bancos españoles para que paguen sus deudas a los bancos europeos
mientras nos encontramos cada vez con mas personas por debajo del
umbral de la pobreza.
No podemos consentir que los bancos
para simular su solvencia hayan colocado cantidades ingentes de
participaciones preferentes entre los pequeños ahorradores y ahora
se nieguen a devolverles su dinero.
No podemos permitir que los
responsables de este robo realizado con violencia institucional, al
que llaman crisis, sean recompensados con indemnizaciones millonarias
pagadas con el dinero de nuestros impuestos.
No podemos consentir que con nuestro
dinero el Estado avale 90.000 millones de euros del banco malo para
que compre todos los activos tóxicos de los bancos privados, cuando
nuestro país lo que necesita son políticas de vivienda social.
No podemos consentir que los bancos con
el dinero público que el Estado les prestó a un 1% de intereses
para que reactivaran el crédito compren deuda pública del Estado a
un 5% o a un 6% de intereses, especulando y lucrándose con el
nuestro dinero.
Esperemos que finalmente Enric salga
absuelto de este proceso y que su acción sirva para demostrar la
culpabilidad de banco y políticos en la creación de la crisis
actual. Si finalmente resulta condenado, esperemos que la justicia
sea igual para todos y que ciertos banqueros y ciertos políticos
vayan con él a la cárcel. Sin embargo, en este sentido, no debemos
olvidarnos de las palabras pronunciadas de Gabriela Bravos, portavoz
del Consejo General del Poder judicial cuando decía aquello de que
“No todos los imputados son iguales” ante la ley.
Fuentes:
